Por Armando Rodríguez

Son muchos los años que llevamos compartiendo con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado las consecuencias de la inseguridad y las preocupaciones diarias que viven los empresarios por esta causa. Ello nos legitima para poner de manifiesto algunos hechos que nos parecen de la mayor importancia para una mejor higiene institucional. El Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil son instituciones que representan la autoridad democrática porque si representaran al poder serían la manifestación del poder absoluto y de la tiranía. Precisamente porque no son el poder ni lo representan no practican coacción alguna sobre los ciudadanos sino que son el reflejo del respeto que queremos y nos exigimos todos; son uno de los garantes de ese respeto.

Si una sociedad democrática acepta la autoridad policial es porque considera que su función es de la máxima dignidad, y que la aceptamos, la deseamos y admiramos su labor. Las sociedades que se llaman democráticas entran en crisis de autoridad cuando quien la ejerce no cuenta con el respaldo y la admiración de los destinatarios. Los ciudadanos en general, admiran, respetan y aplauden la función policial, aunque las excepciones provienen generalmente de quienes creen que la democracia está hecha para albergar un permisivo modo de vida sin límites y sin exigencias. También creo que el poder político esta interpretando inadecuadamente el contenido de esa función considerándola como ejercicio del poder coactivo y caprichoso de quien lo detenta en cada momento. Y esta realidad la observamos en diversas manifestaciones cotidianas. Detectamos la tensión y la angustia de las policías que, presionadas por el poder político tienen que resolver  precipitadamente las situaciones que generan alarma social en detrimento de la calidad y de la excelencia en el trabajo; vemos como se utiliza a las policías para refrendar las interpretaciones estadísticas que interesan al gobernante; vemos como la mala imagen que genera la inseguridad ciudadana trata de ser maquillada con medidas excepcionales utilizando a las policías como ejecutores de las mismas a sabiendas de su ineficacia. Vemos como las policías son obstruidas en su labor cotidiana con innecesarios trámites judiciales que les apartan de su verdadera misión. Es lamentable observar en los juzgados como el testimonio policial tienen el mismo o menos valor que el de los malhechores a los que detienen y a veces incluso la presunción del abuso de poder con el que la autoridad se ejerce, en vez de reforzar el testimonio de quien ejerce un respetable servicio y una autoridad democráticamente atribuida. Por último, vemos como en vez de dignificar el trabajo de la autoridad, se la humilla, permitiendo que tengan que ser detenidos en decenas de ocasiones los mismos delincuentes que, con frecuencia han puesto en riesgo la integridad de los funcionarios y de los ciudadanos. Este es el resumen de la admiración que siente el poder político y judicial respecto a quien ejerce la autoridad que emana de ellos. Ese maltrato laboral y sobre todo conceptual de lo que representa el servicio policial debe ser inmediatamente corregido y para ello es también muy importante que sus mandos hagan respetar el significado de su uniforme no sometiéndose a los caprichos, intereses y arbitrariedades de quienes en vez de reforzarlos los quieren usar de marionetas. Por nuestra parte cuentan con la admiración por su trabajo y dedicación, con el apoyo firme y decidido y con el agradecimiento por su perseverancia a pesar de las frustraciones a que son sometidos en demasiadas ocasiones. 

Armando Rodríguez.     Secretario General